América debe actuar unida contra el terrorismo

Las llamadas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) surgieron hace ya 60 años, con un marcado componente ideológico en el marco de la Guerra Fría , para luchar según su proclama "contra la oligarquía terrateniente y restaurar los derechos del campesinado colombiano". Dicha organización se fue transformando en una entidad ilegal y clandestina, con vínculos con grupos narcotraficantes, y en una verdadera asociación ilícita para el crimen organizado. Sus integrantes han perpetrado delitos con graves violaciones a los derechos humanos, en una conducta subversiva frente al gobierno colombiano elegido democráticamente . El secuestro de personas preocupa a la comunidad internacional. Actualmente existen aproximadamente 735 personas que se encuentran en calidad de rehenes y viviendo en condiciones subhumanas en poder de las FARC. Entre estos prisioneros está la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien se halla gravemente enferma, cuyo caso se ha hecho conocido y ha logrado un vasto apoyo de la comunidad internacional.

Existen algunos gobiernos que han tratado de otorgarle a las FARC un reconocimiento internacional de estatus de beligerantes, que les permita disfrutar de ciertos derechos contemplados en el derecho internacional. Ello ciertamente constituiría un nefasto precedente en las relaciones internacionales y asentaría un duro revés al combate contra el terrorismo, a la promoción y respeto de los derechos esenciales de la persona humana y al régimen democrático en el sistema hemisférico. La Unión Europea y Estados Unidos han adoptado una enérgica condena a la acción delictiva desarrollada por las FARC, la cual ha sido catalogada como grupos terroristas.

Resolución de la ONU

La resolución 1373 de las Naciones Unidas prescribe que obligatoriamente los estados deben luchar contra el terrorismo. No es posible aceptar por parte de estos grupos el empleo ilegal de territorios de otros países de la región, como es el caso de Ecuador, que ha sido usado por las FARC como refugio para escapar del imperio de la justicia colombiana, y evadir el juzgamiento y las sanciones por sus reiteradas acciones. Debe recordarse que el secuestro de personas, así como su intento de intercambiarlos por otras legítimamente detenidas o condenadas por sus actos terroristas, configuran un chantaje inaceptable que contraviene los principios fundamentales de la convivencia humana y constituyen un ilícito contra la humanidad.

Los estados del hemisferio deben reiterar los esfuerzos que permitan la liberación de todos los rehenes que se encuentran actualmente en poder de la guerrilla y consensuar una postura regional que logre aislar a dicho grupo, cuyas acciones afectan la unidad y la estabilidad de la región. Se debe instar a la comunidad interamericana a redoblar sus esfuerzos, para poner fin a las actividades de movimientos guerrilleros y grupos armados que predican la violencia en la región.

Todos los países americanos y las organizaciones regionales deben alentar iniciativas tendientes al respeto irrestricto de los principios relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la inviolabilidad de las fronteras y el respeto de la soberanía de los estados, la no intromisión en los asuntos internos de otros países, la promoción y ejercicio efectivo de la democracia representativa, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el combate contra el terrorismo, con el debido respeto a la carta constitutiva de las Naciones Unidas y las normas del Derecho Internacional

Nelson Hadad
Ex embajador, Coordinador para América Latina.
Comisión Internacional PDC.